La Corte Suprema define sobre la condonación de las deudas estudiantiles en EE.UU.
Sofía Benavides
(CNN) — La Corte Suprema define este martes sobre el programa de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden, una iniciativa destinada a brindar un alivio de la deuda a millones de prestatarios de préstamos estudiantiles, que hasta ahora ha estado estancada debido a cuestiones legales.
Los estados liderados por republicanos y los conservadores que cuestionan el programa dicen que equivale a un intento ilegal de borrar un estimado de US$ 430 mil millones de deuda de préstamos estudiantiles federales bajo el pretexto de la pandemia.
El centro del caso es si el Departamento de Educación tenía la autoridad para perdonar las deudas de esos préstamos. Varios de los jueces conservadores han señalado en los últimos años que las agencias, sin responsabilidad directa ante el público, se han vuelto demasiado poderosas, lo que altera la separación de poderes.
La decisión de este martes también pondrá de relieve una importante cuestión que podría impedir al tribunal llegar al fondo del litigio: si las partes que están detrás de la impugnación tienen el derecho legal, o el “fundamento” necesario para presentar una demanda.
Los argumentos
El Gobierno de Biden argumenta que el secretario de Educación tenía la autoridad clara para proporcionar la ayuda a los prestatarios que ganen menos de US$ 125.000 al año (US$ 250.000 para los hogares) en 2020 o 2021 con el fin de protegerlos de los daños financieros provocados por la pandemia, como la incapacidad para comprar alimentos o hacer pagos de alquiler o hipoteca.
Por el lado de los estados, el fiscal general de Nebraska, Michael T. Hilgers, que también representa a Misuri, Arkansas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur, subrayó que el Gobierno de Biden se excedió en su autoridad al utilizar la pandemia como pretexto para enmascarar el verdadero objetivo de cumplir una promesa electoral de borrar la deuda de los préstamos estudiantiles.
Condonación estudiantil de Biden costaría US$ 400.000 millones 1:02
La Corte escucha los argumentos orales en un tema que se encuentra en suspenso después de que un tribunal inferior bloqueara el plan en noviembre. En ese contexto, varios jueces conservadores se mostraron escépticos sobre la autoridad del Gobierno para perdonar el pago de millones de dólares en préstamos federales.
Si los conservadores finalmente fallan a favor de los que impugnan la política, la audiencia dejará planteado que tendrán que lidiar con las cuestiones legales sobre por qué los estados y los prestatarios individuales pueden demandar por el programa, cuestiones que surgieron como puntos críticos durante los argumentos.
Millones de prestatarios de préstamos estudiantiles que califican en el programa podrían ver cancelados hasta US$ 20.000 de su deuda dependiendo del resultado de los argumentos. Cómo y cuándo resuelvan los jueces también determinará cuándo se reanudan los pagos de los préstamos estudiantiles federales después de que se implementara una pausa por la pandemia hace casi tres años.
Programa de alivio de deuda estudiantil, a prueba en la Corte Suprema 2:40
La llamada “doctrina de las cuestiones importantes”
La llamada “doctrina de las cuestiones importantes” fue muy mencionada y recibió mucha atención durante el debate del caso de los estados rojos ante los jueces este martes. Pero, ¿en qué consiste exactamente?.
En el mandato anterior, el Tribunal citó la “doctrina de las cuestiones importantes” en una decisión que resultó por 6 a 3 y que frenó la capacidad de la Agencia de Protección Medioambiental para regular ampliamente las emisiones de carbono de las centrales eléctricas existentes.
Según esta teoría, si una agencia actúa de un modo que podría tener implicaciones políticas o económicas importantes, debe contar para ellos con la autoridad del Congreso. Lo que argumentan los estados es que, esencialmente, el plan de alivio de la deuda universitaria es demasiado grande para que el Gobierno Biden cuente solo con la autoridad del Departamento de Educación.
El juez Neil Gorsuch
Durante la audiencia de este martes, el juez Neil Gorsuch preguntó si el Gobierno de Biden consideró el costo que esto tendrá para las personas que no son elegibles para el programa de condonación de préstamos estudiantiles porque no tienen préstamos estudiantiles.
Los demandantes dijeron que lo que falta en el análisis del Gobierno, según Gorsuch, es el “costo para otras personas en términos de equidad, por ejemplo, las personas que han pagado sus préstamos… y las personas que directamente no son elegibles para los préstamos”.
Se refería a los estadounidenses que no fueron a la universidad o los que ya pagaron sus préstamos estudiantiles, los cuales no verán un beneficio directo del programa de Biden, que la Oficina Presupuestaria del Congreso ha estimado que costará US$ 400.000 millones.
Alrededor del 81% de los hogares con ingresos menores de US$ 125.000 al año no tienen deuda de préstamos estudiantiles, según un análisis realizado el año pasado por Matthew Chingos, vicepresidente de datos y políticas de educación en el Urban Institute. Basó la estimación en la Encuesta de Finanzas del Consumidor de 2019 realizada por la Reserva Federal.
Juez John Roberts, presidente del Tribunal
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, llamó la atención sobre el hecho de que el Gobierno de Biden quiere usar un poder para “modificar” los programas federales de préstamos estudiantiles para cancelar una deuda de aproximadamente US$ 400.000 millones.
“En una opinión hace unos años del juez (Antonin) Scalia, él habló sobre lo que significa la palabra ‘modificar’, y dijo que ‘modificado’ en nuestra opinión connota un cambio moderado”, dijo Roberts.
Presidente de la Corte Suprema de EE.UU., John Roberts (Jacquelyn Martin-Pool/Getty Images)
“Podemos decir que la Revolución Francesa modificó el estatus de la nobleza francesa, pero solo porque hay una forma de hablar llamada subestimación y un recurso literario conocido como sarcasmo”, dijo Roberts.
“Estamos hablando de medio billón de dólares y 43 millones de estadounidenses. ¿Cómo encaja eso bajo la comprensión normal de ‘modificar’?”, preguntó Roberts.
La procuradora general de EE.UU., Elizabeth Prelogar, argumentó que, en el contexto del estatuto, “modificar tiene que significar hacer un cambio hasta el punto de la eliminación total”.
“Sería realmente extraño que el Congreso dijera que puede eliminar las obligaciones por completo o modificarlas un poco. Pero que no pueda hacer nada en el medio de eso”, dijo.
El juez Samuel Alito
El juez Samuel Alito se concentra en los “fundamentos”: el daño a los estados que, según ellos mismos dicen, justifica una intervención judicial.
No pasó mucho tiempo hasta que el tema de los “fundamentos” apareciera en los argumentos de este martes sobre el programa de alivio de préstamos estudiantiles.
¿Qué quiere decir esto? “Fundamentos” se refiere al daño que un demandante debe demostrar que está enfrentando para que un tribunal intervenga. El Gobierno de Biden argumenta que los impugnadores no han superado este umbral procesal, lo que significa que la Corte Suprema podría rechazar su caso sin siquiera entrar en los méritos legales del programa de alivio.
El juez Samuel Alito ahondó en el tema al hacer preguntas a la procuradora general de EE.UU., Elizabeth Prelogar, y señaló que simpatizaba con el argumento de que los estados que demandaron al Gobierno habían establecido su legitimación. Señaló específicamente la afirmación de Missouri de que el déficit de ingresos provocado por la acción de Biden podría causar que la Autoridad de Préstamos para la Educación Superior de Missouri (MOHELA, por sus siglas en inglés), una entidad que fue creada por el estado para atender los préstamos estudiantiles, provocara daños financieros en cadena al propio Missouri.
“¿Por qué la prueba no debería ser algo más como si la relación entre esta entidad y el estado de Missouri es tal que una lesión a MOHELA necesariamente o presuntamente será una lesión al estado?”, dijo Alito.
El juez Ketanji Brown Jackson finalmente intervino para respaldar un argumento de Prelogar: que los intereses financieros de Missouri y MOHELA no estaban lo suficientemente entrelazados como para dar a Missouri un fundamento.
El juez Clarence Thomas
El juez Clarence Thomas comenzó con la primera ronda de preguntas, consultando a la procuradora general de EE.UU., Elizabeth Prelogar, en qué se asemeja la condonación masiva de préstamos a la terminología utilizada en el estatuto pertinente.
“¿Podría dedicar un minuto a explicar cómo una condonación o modificación equivale a una… cancelación?”, dijo Thomas.
El juez de la Corte Suprema de Justicia Clarence (Crédito: OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)
Quienes se oponen a la iniciativa del Gobierno de Biden en el caso dicen que los términos “renunciar” o “modificar” en la ley que otorga al secretario de Educación ciertos poderes se aplican a acciones de menor alcance para ajustar las plantas de pago, en lugar de una cancelación en blanco de la clase de deuda en cuestión.
Prelogar dijo a Thomas que la ley en cuestión, la Ley HEROES, contempla muchas formas de actuación que podría adoptar un secretario de Educación ante una emergencia nacional. El Congreso estaba tratando de “cubrir el campo” para dar al secretario herramientas para responder a una emergencia nacional, dijo.
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