EE.UU. busca aumentar deportaciones a El Salvador, dice secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem
Merlin Delcid, CNN Español
La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, arribó este miércoles a El Salvador para sostener una reunión con el presidente Nayib Bukele. La funcionaria adelantó en una publicación en la red social X que busca un aumento de vuelos con deportados y de expulsiones de personas de otras nacionalidades que hayan cometido delitos en su país.
El Salvador es la primera de las tres paradas que Noem tiene previstas hacer en América Latina esta semana. El jueves visitará Colombia, donde se reunirá con el presidente Gustavo Petro, y el viernes viajará a México, donde se encontrará con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras su arribo al país centroamericano, Noem se trasladó junto a Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) –la megapirisión construida por Bukele con capacidad para 40.000 reos– para “ver de primera mano el centro de detención donde se alojan los peores criminales”.
El Cecot es considerada la prisión más grande de América y representa el mayor símbolo de la controvertida ofensiva del país centroamericano contra la delincuencia interna.
En esa prisión, a unos 70 kilómetros de San Salvador, el Gobierno de Bukele dice que mantiene a miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha MS13 y del Barrio 18, condenados por cometer delitos graves. Allí también están recluidos los 238 venezolanos deportados por Estados Unidos el 15 de marzo, en un traslado sin precedentes que ha sido criticado por parte del gobierno de Venezuela y organizaciones que defienden los derechos humanos a nivel internacional.
Las autoridades salvadoreñas, que recibirían US$ 6 millones en el acuerdo con EE.UU., han dicho que los sudamericanos permanecerán en el Cecot por un año –prorrogable–, aunque un equipo de abogados contratados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el lunes a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, afín a Bukele, que evalúe la legalidad de la detención y ordene su liberación.
Hasta ahora los magistrados de la Sala de lo Constitucional no se han pronunciado sobre si admitirán a estudio el recurso, informó a CNN uno de los abogados.
Al pedido de libertad también se sumó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el partido de la antigua guerrilla y que históricamente ha sido un aliado político de Venezuela. “Vamos a seguir dando la batalla en la calle, en los medios, con comunicados hasta que sean liberados todos los venezolanos”, dijo Manuel Flores, secretario general del FMLN.
El presidente Bukele dijo, en un mensaje en X el 16 de marzo, que Estados Unidos había enviado a miembros de la organización Tren de Aragua, aunque sin mostrar pruebas y el listado de las personas que habían sido deportadas. Las autoridades estadounidenses han aceptado que no todos los deportados tenían antecedentes penales.
Las deportaciones se derivan de la controvertida invocación por parte del presidente estadounidense Donald Trump de una amplia autoridad en tiempos de guerra, algo que allanó el camino para la rápida expulsión de estos ciudadanos venezolanos a El Salvador, país que ha aceptado recibir inmigrantes expulsados por Estados Unidos. La administración Trump dijo que 137 de esos inmigrantes fueron deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, cuyo uso para esos fines actualmente está bajo escrutinio judicial en EE.UU.
Altos funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU. dijeron este lunes a un juez federal que el Gobierno de Trump invocará el privilegio de secretos de estado para evitar darle información sobre estos vuelos de deportación.
La Organización Amnistía Internacional (AI) expresó este martes su preocupación, en un comunicado, por las condiciones en las que están los venezolanos enviados a la megaprisión, ya que ha documentado las condiciones inhumanas y el riesgo de tortura y otras violaciones a derechos humanos que hay en el interior del Cecot.
El Gobierno de El Salvador no se ha pronunciado por las críticas de AI y tampoco ha respondido a la petición de comentarios de CNN. Sin embargo, ya ha dicho que respeta los derechos humanos de quienes están bajo custodia “sin distinción de nacionalidad” e insistió en que su sistema penitenciario cumple con estándares de seguridad y orden rechazando las críticas sobre violaciones a derechos humanos.
Críticas a la expulsión de venezolanos
Amnistía Internacional dijo en un comunicado que considera ilegal la expulsión de 238 venezolanos que “estaban en pleno proceso judicial” y “sin orden de traslado”.
Para AI la decisión de la administración Trump no puede considerase una deportación porque algunos de los enviados a El Salvador fueron “arrestados a pesar de que cumplían sus obligaciones en materia de inmigración, que ya tenían protecciones concedidas en Estados Unidos en aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratados”.
CNN contactó al Departamento de Estado y está a la espera de comentarios.
Esta organización no gubernamental considera que hay una conexión “clara y preocupante” entre el modelo de seguridad de Bukele y las medidas adoptadas por Trump en Estados Unidos.
“Ambos se basan en la ausencia del debido proceso y la criminalización de personas basada en criterios discriminatorios. Estas políticas son profundamente injustas y vulneran las normas internacionales de derechos humanos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En el comunicado también deja ver su preocupación por que, a su juicio, se está “normalizando la erosión del debido proceso en El Salvador” y que países como Estados Unidos, lejos de condenar parecen estar “dispuesto a imitarlo”.
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