Proyecto de ley de Missouri ofrecería US$ 1.000 para ayudar a delatar a migrantes indocumentados

Por Omar Jimenez y Rachel Clarke, CNN

Un proyecto de ley ante el Senado del estado de Missouri introduciría recompensas de US$ 1.000 para las personas que identifiquen a migrantes indocumentados que luego sean puestos bajo custodia.

La propuesta convertiría en delito estatal que cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos entre y permanezca en Missouri. Crearía una oportunidad para que los agentes de fianzas con licencia se convirtieran en cazadores de recompensas. Y crearía un fondo no solo para los cazadores de recompensas, sino para cualquiera que proporcione información sobre una persona indocumentada que resulte en su arresto.

El proyecto de ley 72 del Senado sigue en comisión y puede que nunca se convierta en ley. Pero los opositores dicen que ya está sembrando el miedo y cambiando las vidas tanto de los inmigrantes que residen legalmente como de los indocumentados.

“Es realmente odioso”, dijo Ashley Chavarria a CNN. Chavarria, nacida en Estados Unidos, es hija de dos mexicanos que cruzaron la frontera ilegalmente a finales de la década de 1980 y se han quedado desde entonces. Ella dijo que ya ha visto a latinos, algunos indocumentados, en el área de Jefferson City, capital de Missouri, alejarse de las clases de inglés e incluso tener miedo de recoger a sus hijos de la escuela desde la toma de posesión del presidente Donald Trump y el inicio de su campaña de deportación masiva.

Y el nuevo proyecto de ley podría empeorar las cosas, añadió Chavarria, que trabaja en una agencia de servicios sociales para comunidades hispanas formadas tanto por ciudadanos como por no ciudadanos. “En realidad, va a infundir más miedo en la gente y va a poner a las personas unas contra otras”, dijo.

El impulsor del proyecto de ley, el senador estatal novato David Gregory, se tomó su tiempo para criticar la desinformación sobre su plan, tanto al presentar la ley como en una breve entrevista con CNN.

“Estoy oyendo cosas como ‘oh, esto supone un botín a cambio de personas’. No, no es así”, dijo.

“El mero hecho de que enviemos cazadores de recompensas tras la emisión de una orden judicial no es un botín. En realidad es un sistema de recompensa a través de una línea directa”.

El proyecto de ley crea un delito grave de “allanamiento por un extranjero ilegal” si un inmigrante indocumentado entra y permanece en el estado.

El texto del proyecto de ley habla de crear una línea telefónica gratuita, una dirección de correo electrónico y un portal en línea donde la gente pueda —de forma anónima si lo desea— denunciar a presuntos infractores.

Si un inmigrante indocumentado “es detenido y encarcelado… como resultado de una denuncia al sistema de información, la persona que hizo la denuncia tendrá derecho a recibir una recompensa de US$ 1.000”, dice el texto.

Gregory insiste en que ese incentivo es una recompensa —similar a las que ofrecen los cuerpos de seguridad locales y nacionales que buscan información sobre delitos— y no un “botín”.

El diccionario Merriam-Webster define “recompensa” como “una prima o subsidio especialmente cuando es ofrecido o concedido por un gobierno: como un pago por la captura o ayuda en la captura de un delincuente”.

En el proyecto de ley, el castigo por violar el delito de “allanamiento por extranjero ilegal” es cadena perpetua sin libertad condicional, aunque dice que alguien podría ser puesto en libertad bajo custodia del gobierno federal si fuera a ser deportado en 24 horas. Gregory, que representa a algunas zonas de St. Louis, dijo a CNN que escuchó oposición a la cadena perpetua y que lo estaba discutiendo con otros senadores.

En otro proyecto de ley presentado por él se dice que un tribunal puede poner en libertad condicional a un acusado de un delito grave de allanamiento durante su comparecencia inicial ante el tribunal si “considera que el acusado está buscando asilo y no supone un peligro para la comunidad”. Sin embargo, si un “tribunal considera que el acusado está buscando asilo pero supone un peligro para la comunidad, se le denegará la libertad bajo fianza por completo” y permanecerá bajo custodia durante el transcurso de su juicio, establece el proyecto de ley. El proyecto solo entraría en vigor si la Ley 72 del Senado se convirtiera en ley.

Gregory hizo hincapié en que las personas solo serían abordadas y detenidas después de que una investigación encontrara pruebas contra ellas y un juez emitiera una orden judicial.

“Estas preocupaciones que estamos escuchando de que los cazadores de recompensas solo van a estar pateando puertas, eso es ilegal. Es ilegal ahora, es ilegal bajo mi proyecto de ley”, dijo Gregory a CNN.

“Cuando escucho otros tipos de preocupaciones de acoso o cosas como ciudadanos normales y corrientes que se acercan y dicen, ‘oye, muéstrame tus papeles’, eso es ilegal. Eso es ilegal hoy en día. Y es ilegal con mi proyecto de ley”, dijo.

Estas preocupaciones fueron planteadas por algunas de las docenas de personas que hablaron en contra del proyecto de ley durante una audiencia de la comisión del Senado.

“Este proyecto de ley no solo desgarraría familias, escuelas, congregaciones y comunidades, sino que también enfrentaría a los vecinos entre sí”, dijo Yazmin Bruno-Valdez, quien se presentó como residente de Missouri desde hace mucho tiempo, defensora de la comunidad y “Dreamer” que fue traída a Estados Unidos cuando era niña y actualmente se le permite permanecer.

El abogado de inmigración y derechos civiles Javad Khazaeli dijo a CNN que la intención declarada de Gregory podría ser superada si el proyecto se convierte en ley.

“Cuando pones recompensas sobre las personas, estás incentivando a capturarlas”, dijo en una entrevista. “Y cuando capturas personas, ocurren cosas malas”.

Khazaeli, que reside en St. Louis, pasó una década como abogado del gobierno federal asesorando a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias sobre la ley de inmigración. Era consciente de las ocasiones en que los agentes de las fuerzas de seguridad locales solicitaban formación sobre la normativa de inmigración cuando se enfrentaban a un problema de seguridad concreto. Pero incluso con formación, casi inevitablemente había problemas, dijo.

“Vimos casos en los que las fuerzas del orden locales detenían a puertorriqueños porque pensaban que Puerto Rico no formaba parte de Estados Unidos. Cada vez que se produce una interacción de este tipo, la única forma posible de que la persona acosada salga de ella es mostrando sus papeles”.

“Esto es exactamente —y no estoy tratando de ser hiperbólico— pero esto es exactamente lo que teníamos en la Alemania nazi”, añadió.

Dicho esto, podría sorprender que la única voz de un miembro del público que apoya el proyecto de ley de Gregory en la comisión procediera del rabino Ze’ev Smason.

Smason, rabino en St. Louis desde hace 25 años, rechazó las comparaciones con el Holocausto.

“¿Qué hacían exactamente en la Alemania nazi? Entregaban a los vecinos si tenían una dieciseisava de sangre judía y luego los llevaban en vagones de ganado y los exterminaban. Eso es lo que se hacía en la Alemania nazi. ¿Es eso lo que se está haciendo aquí?”, preguntó.

“No veo ninguna comparación razonable entre las dos”, añadió.

Dijo a CNN que era una cuestión de justicia. “Creo que la gente, aunque no seamos un estado fronterizo, está muy preocupada por la inmigración ilegal… porque es una violación de la ley y, en general, un espíritu de anarquía es algo destructivo para nuestra comunidad y nuestro país”, dijo.

Admitió que pueden cometerse errores, pero confía en el sistema judicial. “Me gustaría pensar que la mayoría de las veces nuestra policía y nuestros tribunales aciertan”, afirmó.

El abogado Khazaeli dijo que la publicidad en torno al proyecto de ley de Gregory ya ha tenido un efecto amedrentador, incluso sobre los inmigrantes en situación legal.

“Estoy viendo a gente que lleva décadas en este país, legalmente, aterrorizada”, dijo, mencionando a una mujer de Europa que llevaba 30 años como residente legal permanente y ahora quería hacerse ciudadana por miedo a lo que pudiera pasar.

En el capitolio estatal, Gregory dijo: “Mi intención es asegurarme de que nosotros, como estado, podemos dar un paso adelante… y proteger a nuestras mujeres y a nuestros niños y a nuestros ciudadanos de Missouri de los inmigrantes peligrosos. Siento que eso les asuste, pero no es esa la intención”.

Dijo que era optimista de que el proyecto de ley se aprobaría, pero que llevaría tiempo.

Si el Senado hace avanzar el proyecto de ley, pasará a la Cámara de Representantes del estado.

En una declaración a CNN, el presidente de la Cámara de Representantes de Missouri, Jon Patterson, escribió: “No he escuchado ningún entusiasmo por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes sobre hacer alguna legislación sobre cazarrecompensas. Nos complace que el presidente Donald Trump esté abordando la inmigración ilegal a nivel federal, incluso mediante la firma de la Ley Laken Riley, que permite a los estados trabajar con el gobierno federal en materia de inmigración”.

Un proyecto de ley similar presentado por la Legislatura de Mississippi fue eliminado a principios de febrero.

Ese proyecto de ley tenía muchas de las características del proyecto de ley 72 del Senado de Missouri, entre ellas: una recompensa de US$ 1.000 por pistas que llevaran a la detención de inmigrantes indocumentados, la creación de un programa de “cazarrecompensas certificado” y también la amenaza de cadena perpetua.

El Consejo Estadounidense de Inmigración estimó que había cerca de 70.000 inmigrantes indocumentados viviendo en Missouri. El fiscal general del estado, Andrew Bailey, dijo que había hasta unos 100.000.

Entre ellos están los padres de Chavarria, quienes, según ella, actualmente tienen permisos de trabajo, pero también están en proceso de tratar de legalizar su situación.

“Nunca he visto a mis padres pidiendo limosna”, dijo Chavarria, rechazando algunas narrativas utilizadas contra los migrantes.

Chavarria también dijo que quería a los delincuentes fuera de las calles sea cual sea su ciudadanía, al igual que la gente que conocía. “Los inmigrantes correctos saben que tenemos que respetar a un país del que no somos ciudadanos”, dijo. “Son conscientes de ello y eso es lo que hacen”.

Ahora que tiene sus propios hijos, a veces le ha costado explicar este momento de la política estadounidense. Tienen 8 y 9 años.

“Me dicen que los niños del colegio gritan ‘Trump, Trump, Trump’, y yo les digo que no pasa nada”, dijo. “Intento que sepan que siempre deben estar orgullosos de lo que son”, explicó.

“No profundizo mucho con ellos porque no lo entienden”, añadió.

“El sistema está muy roto”, dijo. “Ojalá pudiéramos dedicar el esfuerzo que estamos dedicando a deportar a todos estos inmigrantes a arreglar el sistema, a establecer una vía real hacia la ciudadanía o la residencia”, declaró a CNN.

Pero para este proyecto de ley y este momento, Khazaeli dijo que él y otros abogados estaban preparados.

“Si siguen adelante con esto, vamos a demandarlos y vamos a ganar”, dijo. “Van a empezar a arrestar a gente que no tienen derecho a arrestar, van a empezar a retener a gente que no tienen derecho a retener”.

Dijo que le preocupaba que, aunque se retirara la parte del proyecto de ley relativa al “botín”, pudieran aprobarse otras medidas que considera demasiado extremas.

“Esto podría ocurrir en Missouri, y nos estamos preparando para ello”.

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Bonney Kapp, de CNN, contribuyó a este reportaje.