“Así no se puede vivir”: la inseguridad y el crimen organizado también decidirán el voto en Perú
Por Claudia Rebaza, CNN en Español
El sol empieza a ocultarse en la conocida costa verde de Lima un viernes de verano, mientras el tráfico avanza lentamente en plena hora punta en las bulliciosas calles de la capital.
En pleno embotellamiento, José, un transportista que no quiere dar su verdadero nombre por razones de seguridad y miedo a represalias, conversa con CNN sobre un tema que se discute a diario en cualquier rincón del país: cómo los peruanos se sienten abandonados frente a la criminalidad e inseguridad en el país, que, desde hace unos años, los asola aun cuando las autoridades de policía dicen que las cifras del crimen de 2026 son menores que las de 2025.
“Estamos a salto de mata, así no se puede vivir. Nosotros salimos a hacer nuestro trabajo y de repente hay un tiroteo y nos matan. ¿Quién va a responder por nosotros, por usted y por mí? Nadie”, dice José. “Somos sólo una estadística más”, añade con indignación.
Cuando solo falta un puñado de días para las elecciones presidenciales, asesinatos y ofensivas armadas contra unidades y choferes de transporte público, además de robos, extorsiones y ataques contra artistas, pequeños y medianos empresarios, entre otros, no se detienen y contribuyen a una sensación de peligro que no se ha sentido en décadas en el país sudamericano.
Según la Policia Nacional del Perú, solo en febrero se registraron 196 homicidios, el 76 % de ellos por arma de fuego, y 1.258 denuncias por extorsión. Pese a ese número considerable, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, argumentó en una radio local que los homicidios han disminuido en un 9 % y las extorsiones en 39 % en lo que va del 2026.
NMS, otro transportista que también prefiere no identificarse con su nombre completo como otras personas entrevistadas por CNN, dijo que hasta ahora ha tenido suerte al poder evadir ser extorsionado.
“He tenido varias visitas en mi casa, pero no se ha concretado. Pero mis vecinos me han avisado que han estado viniendo dos motos y esperando, porque yo tengo varios carros”, explicó NMS. Los hombres en moto, dice, le exigen el pago de cupos diarios para continuar trabajando. Hace unos meses le robaron una unidad. Delincuentes con capuchas en moto lo encerraron en una calle comercial y lo amenazaron con armas de fuego.
“Lo que se necesita es seguridad y que nos dejen trabajar tranquilos. Taxistas, microbuseros, bodegueros. Se han agarrado con las personas de bajos recursos, a ellos no les importa nada”, añadió NMS y resaltó que las principales víctimas son los denominados trabajadores informales y emprendedores, que mueven más del 70 % en la economía en el país, el nivel más alto en América Latina.
Mientras los peruanos han aprendido a convivir con una constante inestabilidad política, con ocho presidentes en casi una década , una de las principales demandas para las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril son soluciones concretas para la hacer frente a la inseguridad ciudadana y la corrupción que protege al crimen organizado.
De acuerdo con el reciente barómetro de las Américas en Perú 2025/26, un informe de Lapop Lab, Center for Global Democracy, el Instituto Kellogg, IEP y el Instituto Bicentenario, un 72 % de los encuestados consideraron la inseguridad (57 %) y la corrupción (15 %) como los problemas más graves del país, seguidos por la economía.
El impacto de esos dos fenómenos no solo se siente entre los peruanos, sino también en aquellos que llegan desde otros países para invertir en Perú.
El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, a quien se le atribuye un rol fundamental en mantener la economía a flote y disciplina fiscal pese a la inestabilidad e incertidumbre política debido los cambios de Gobierno, ha advertido sobre las consecuencias de la ola de criminalidad en las decisiones de inversión y permanencia de negocios en el país sudamericano.
“Prefiero tener medio punto menos de crecimiento, pero que a la gente no la maten”, dijo Velarde.
“Espero y aspiro que pueda llegar un candidato que de verdad se tome en serio este tema, porque es un tema que nos está costando demasiadas muertes a varios hermanos peruanos”, le dijo a CNN el empresario Andree Condore.
Con un negocio familiar, Condore también representa a empresarios de una zona en el área de Gamarra, en Lima, que agrupa a emprendedores de confección de textiles y ha sido blanco de amenazas por parte de bandas criminales que extorsionan a comerciantes ambulantes.
La inseguridad agobia a los peruanos. Pero ninguno de la larga lista de 35 candidatos presidenciales, un número sin precedentes en la historia del país que incrementa aún más el voto fragmentado, parece haber capitalizado estas demandas. Según una encuesta realizada entre el 13 y 17 de marzo por Datum internacional para diario El Comercio, el 57 % aún no ha decidido por quién votar. En tanto, una encuesta de Ipsos-Perú21, publicada el domingo 5 de abril, sostiene que un 11 % de los encuestados aseguró que votaría nulo mientras que el 16 % no precisó su intención.
NMS le aseguró a CNN que su voto está entre tres candidatos, pero definitivamente no está convencido con las pocas propuestas concretas y lo que considera una falta de compromiso de los candidatos para frenar la criminalidad.
“No creo que cambie si vemos los mismos políticos, candidatos. Yo creo que esto va a seguir así mientras no cambien el sistema político”, añadió resignado.
De acuerdo con el barómetro de las Américas en Perú 2025/26, el 66 % de los encuestados comparten la opinión de NMS, al asegurar que se necesitan cambios al sistema político en el país.
Según un informe de Human Rights Watch, los actuales legisladores debilitaron el marco jurídico e independencia de jueces y fiscales, facilitando la expansión del crimen organizado. Los 130 congresistas de esta legislatura terminan su periodo con solo 6 % de aprobación, de acuerdo con un informe de opinión publicado en marzo por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). De todas maneras, 88 de ellos están en campaña para su reelección, luego de aprobar el retorno a la bicameralidad.
De acuerdo con un análisis de las propuestas de gobierno presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones por el portal de investigación peruano Ojo Público, solo 10 de los 35 candidatos presidenciales han prometido la derogación de estas leyes mientras que 24 no las mencionan.
“Son los candidatos presidenciales que representan agrupaciones políticas con representación parlamentaria en el actual Congreso los que no mencionan para nada la derogación de las leyes pro-crimen”, Diego Quispe, periodista de Ojo Público, le dijo a CNN.
“No hay un mea culpa, pese a que la criminalidad está demostrada que ha avanzado”, agregó Quispe.
La falta de acción para derogar estas leyes no solo se relaciona con la preocupación por la delincuencia por parte de los electores, sino también con el rechazo hacia un sistema policial, judicial y político considerados corruptos en el país, según Giovanna Peñaflor, comunicadora social y directora gerente de Imasen Perú.
El clamor del electorado peruano está dirigido a la corrupción y a la ineficacia del estado a la hora de elegir entre propuestas que no han logrado integrar lo que la gente siente, añadió Peñaflor.
Junto con la derogación de las leyes pro-crimen, se necesita que cualquier estrategia para enfrentar al crimen organizado incluya mayores recursos y una reforma en la policía y el sistema penitenciario, crear unidades especializadas de investigación e inteligencia además de mayor inversión en tecnología, entre otros. El solo decretar estados de emergencia en el país y desplegar militares en las calles no ha funcionado.
“Ninguna agrupación política está presentando un plan concreto que pueda decirnos ‘bueno, voy a votar por él porque me está dando un plan claro’”, resaltó Quispe.
La maratón de debates presidenciales durante varios días, debido al número de candidatos, hizo notar una falta de contenido y estrategias realistas en seguridad y lucha contra la corrupción, además de un bajo nivel de preparación de los candidatos que se dedicaron a acusarse unos a otros.
Los candidatos que encabezan distintos sondeos de opinión, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, el ex alcalde de Lima del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga y el cómico Carlos Álvarez, del partido País para Todos, no brillaron con sus propuestas.
Fujimori, quien postula por cuarta vez, aludió a las acciones del gobierno de su padre durante la guerra contra organizaciones subversivas y prometió controlar las fronteras y recuperar el orden en los penales.
López Aliaga prometió la construcción de cárceles aisladas y la expulsión de extranjeros ilegales además de retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte y reinstaurar tribunales con jueces sin rostro. Álvarez también prometió salir de la Corte y establecer la pena de muerte para los sicarios en flagrancia.
Para Mauricio Saravia, psicólogo e investigador de mercados, la falta de propuestas favorables que convenzan viene de la mano con un electorado que ya no confía en que sus problemas sean resueltos por otros.
“Primero porque entienden que nadie lo va a resolver que no sean ellos y segundo porque ninguna propuesta, ni siquiera en TikTok, les resulta razonable para que volteen la cara y digan: por esta persona tengo que votar”, explicó Saravia.
“La gente no está confiando en el sistema público de seguridad. Está confiando en la capacidad que pueden tener ellos para responder a este problema. Hay gente que está cerrando negocios, hay gente que está emigrando de ciudades porque ya el tema es insostenible”, añadió Saravia.
Mientras tanto en las calles, José, NSM, como muchos más, conviven con la angustia de no saber si regresarán a casa sanos y salvos al final del día.
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