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Brutal femicidio de una adolescente en Argentina vuelve a encender las alarmas a 11 años del origen de “Ni Una Menos”

Por Anabella González, CNN en Español

Hace once años que cada 3 de junio miles de personas salen a las calles en distintas ciudades de Argentina para manifestarse en contra la violencia de género. Este año, como ocurrió en 2015 y también en otras ocasiones, la indignación es aún mayor por un caso reciente: el femicidio de Agostina Vega, una menor de 14 años, que moviliza y reaviva un pedido de justicia.

El sábado, el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina, que estaba desaparecida desde el 23 de mayo en la provincia de Córdoba, movilizó un reclamo generalizado a las autoridades policiales y judiciales, a quienes señalan por presuntas irregularidades en la investigación para dar con su paradero, irregularidades que las autoridades rechazan. El caso tiene como único imputado a Claudio Barrelier, un hombre de 33 años, con quien según contó la madre de la adolescente, tenían un vínculo de amistad.

La Fiscalía de la ciudad de Córdoba a cargo del caso imputó el lunes a Claudio Barrelier en la causa por el delito de homicidio agravado por violencia de género. CNN se contactó con la defensa legal del Barrelier para conocer cómo se declara y espera respuesta.

En lo que va de 2026, en Argentina hubo 86 femicidios, según reporta el observatorio Ahora que sí nos ven en base a un análisis de los reportes de medios de todo el país. De acuerdo con registros de la organización, a 11 años de la primera marcha “Ni Una Menos” en el país el 3 de junio de 2015, y hasta el 24 de mayo, se registraron 3205 víctimas de violencia de género. Otras organizaciones, como el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, reportan números similares.

En 2025, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) contabilizó 200 víctimas de femicidio, lo que indica que cada 44 horas muere una mujer en Argentina.

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, presentó el lunes las estadísticas criminales de 2025. Explicó que desde su ministerio no hacen el seguimiento de casos de femicidio, sino que es una categoría que determina la Justicia.

“En el último año, 279 mujeres fueron víctimas de homicidio, de las cuales 200 son consideradas y caratuladas como ‘femicidios’”, dijo Monteoliva en conferencia de prensa. Esa cifra mostró una reducción de un 10,8 % con respecto al año anterior en el que se registraron 312 casos, afirmó la ministra.

La distinción entre “homicidio” y “femicidio” es un debate que el Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, plantea desde hace tiempo. En enero de 2025, Milei dijo en el Foro de Davos que lo que él denomina “feminismo radical” es una “distorsión del concepto de igualdad”, y que se había llegado al punto de “normalizar que muchos países supuestamente civilizados si uno mata a una mujer se llama ‘femicidio’, legalizando que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.

Estas ideas llegaron incluso a plantear la posibilidad de reformar el Código Penal, en contradicción con los motivos por los cuales se impulsaron los cambios en 2012, cuando se agregó el agravante por violencia de género.

Antes de esa reforma, el Código Penal establecía que la mayor condena cuando un hombre mataba a una mujer en un contexto de violencia de género podía ser de entre 8 y 25 años de cárcel, con los atenuantes que se contemplaban en el país para reducir la condena, como buena conducta en prisión, por ejemplo. Desde 2012, la condena puede ser de reclusión perpetua.

Desde hace tiempo que los colectivos feministas y las organizaciones de derechos humanos señalan que el Gobierno de Milei ha profundizado un intento por hacer retroceder las luchas del movimiento de mujeres; además de impulsar un desmantelamiento de políticas de género.

El Gobierno rechaza estas acusaciones y remarca que bajo la gestión actual en materia de seguridad se redujeron las cifras de femicidios. La senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, funcionaria cercana a Milei, destacó esos datos y cuestionó la movilización contra la violencia de género al hablar de un “partido feminista” al que “solo le importa el marketing”, dijo en una publicación en X.

El caso de Agostina, de quien no se supo nada durante una semana y cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una zona de descampado del barrio Ampliación Ferreyra de la ciudad de Córdoba el sábado, según informó el fiscal de la causa Raúl Garzón, reavivó estos reclamos contra la Justicia y el Estado.

“Nosotras hemos catalogado este femicidio como una desidia organizada desde el Estado”, dijo el lunes Lucía Cavallero, socióloga y referente de Ni Una Menos, en una conferencia de prensa. El Poder Judicial “no buscó y buscó tarde”, y la ministra Monteoliva “está buscando desconocer la realidad de las violencias” al hacer hincapié en la disminución de los datos con respecto a años anteriores, planteó Cavallero.

CNN envió una solicitud de comentarios al Ministerio de Seguridad Nacional en relación a estas declaraciones.

“Ya sabemos ese mecanismo clasista, racista y sexista de culparnos, señalarnos y hacernos sospechosas. Buscar en nuestras vidas. El ‘algo habrá hecho’ se reedita y amplifica en los medios”.

Gabriel Vega, padre de la menor, pidió el martes respeto por su hija al señalar como falsas las versiones que hablan de supuestos detalles de su intimidad. Junto a su abogada, Fernanda Alaniz, dieron una conferencia de prensa y pidieron que su caso no quede impune. “Así como asesinaron a mi hija, va a haber un montón de Agostinas. Eso es lo que no tiene que pasar”, dijo Vega.

“Esto fue un femicidio”, aseguró su abogada, al tiempo que señaló que el asesinato de la menor “podría haberse evitado”.

“Nos siguen matando porque el sistema judicial actúa tarde y de manera ineficiente. Porque se sigue cuestionando a la víctima en vez de al victimario. Porque desmantelan programas que acompañan a quienes atraviesan situaciones de violencia”, reclamó el lunes Amnistía Internacional Argentina, que enumeró los detalles de los programas en apoyo a las víctimas que el Gobierno desfinanció desde 2023 en adelante.

Pese a los cuestionamientos al desempeño del fiscal Garzón, y del ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, las autoridades señalaron que desde el domingo, día en que recibieron la denuncia de la desaparición de la menor, no cesaron los trabajos de búsqueda e investigación.

“Creemos en la investigación. Este papá (Gabriel, el padre de Agostina) trabajó codo a codo con el fiscal de la investigación”, dijo la abogada de Vega el martes en la conferencia de prensa. Agregó que se presentaron como querellantes en la causa, que está bajo secreto de sumario, y que aún no han tenido acceso a la prueba.

La Fiscalía dijo el lunes que aguarda los informes completos de la autopsia y estudios complementarios de medicina forense, y que el imputado será indagado nuevamente esta semana.

Mientras tanto, miles de mujeres salieron este miércoles a reclamar medidas urgentes contra la violencia de género y pidieron celeridad para esclarecer el caso de Agostina Vega y las cientos de víctimas que aún esperan Justicia. El epicentro fue en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en la capital argentina, pero las manifestaciones se replicaron en distintas partes del país con un pedido al unísono.

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Con información de Betiana Fernández Martino, de CNN.

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