Un acuerdo prohíbe “para siempre” que el IRS investigue a Trump o a su familia por problemas fiscales pasados
Por Tierney Sneed y Hannah Rabinowitz, CNN
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) no puede presentar reclamos al presidente Donald Trump, su familia o sus empresas por problemas fiscales pasados, según los términos adicionales añadidos el martes al acuerdo que el Departamento de Justicia alcanzó con el mandatario para resolver su demanda de US$ 10.000 millones contra el IRS.
Los términos adicionales, informados por primera vez por Politico, se añadieron discretamente en un hipervínculo al comunicado de prensa del Departamento de Justicia del lunes que contenía el acuerdo para crear un fondo de casi US$ 1.800 millones para compensar a personas u organizaciones que hayan sido “utilizadas como arma” por administraciones anteriores, un fondo del que se espera ampliamente que beneficie a los aliados de Trump, incluidos aquellos que el 6 de enero de 2021 atacaron el Capitolio de Estados Unidos.
Este término adicional del acuerdo es un paso extraordinario que la propia administración de Trump ha dado y que lo beneficia directamente a él y a su familia.
El secretario de Justicia interino Todd Blanche no mencionó el término adicional durante su testimonio ante una comisión del Senado a primera hora del martes.
La demanda de Trump —y la forma en que la administración Trump la resolvió— ha sido calificada de “autobeneficio” por los críticos del presidente, ya que Trump controla las agencias del poder ejecutivo que estaban decidiendo cómo responder a una demanda que él mismo presentó a título personal. Trump retiró abruptamente el caso después de que aparecieran señales de que el juez podría indagar si se trataba de una disputa legal legítima que correspondiera ventilar en los tribunales.
Según el nuevo documento, fechado el martes y firmado por el secretario de Justicia interino Todd Blanche, el Gobierno federal queda “PROHIBIDO PARA SIEMPRE y EXCLUIDO” de procesar o perseguir “reclamos” o “exámenes” que se deriven de asuntos pendientes ante el IRS, incluidas las “declaraciones de impuestos” presentadas por Trump antes de que se alcanzara el acuerdo. El criterio se aplica no solo a Trump, sino también a su familia, fideicomisos, empresas y otros afiliados.
El Departamento de Justicia no respondió a la consulta de CNN sobre por qué los términos adicionales se publicaron con retraso. Un portavoz señaló a CNN que el acuerdo no impediría una auditoría del IRS sobre cuestiones derivadas de declaraciones de impuestos que fueran presentadas por Trump o su familia después de la fecha del acuerdo.
“Como es habitual en los acuerdos, ambas partes han ejecutado renuncias a una variedad de reclamos que se presentaron o que podrían haberse presentado”, dijo la portavoz, Natalie Baldassarre. “Tendría poco sentido resolver varios reclamos significativos si cualquiera de las partes pudiera simplemente darse la vuelta y tratar de iniciar [sic] más reclamos adversos que podrían haberse perseguido previamente”.
No está claro cómo una auditoría sobre si Trump o sus empresas estaban cumpliendo con la ley tributaria se relacionaría con sus reclamos en la demanda de que el IRS violó la ley federal de privacidad al no salvaguardar adecuadamente sus documentos fiscales ante la divulgación por parte de un contratista del Gobierno. El Departamento de Justicia tampoco abordó una ley penal —que ahora están invocando los críticos del acuerdo— que prohíbe a los presidentes y a otros líderes del poder ejecutivo solicitar el fin de las auditorías del IRS.
El IRS no respondió a las consultas de CNN sobre el nuevo criterio.
El representante Richard Neal, el principal demócrata en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes —el principal panel legislativo encargado de la redacción de leyes tributarias— condenó rápidamente el asunto como un hecho de “corrupción”.
“Trump ha convertido al Gobierno federal en su propio sistema de protección personal al asegurarse de que sus impuestos, los de su familia y sus empresas queden permanentemente fuera de límites”, dijo Neal en una publicación en redes sociales. “Las mismas personas que tienen dificultades con los comestibles y la gasolina ahora se ven obligadas a financiar la extorsión legal de este multimillonario y el enriquecimiento del imperio familiar”, subrayó.
Altos funcionarios han seguido defendiendo el fondo contra la instrumentalización desde el anuncio del lunes, pero hasta ahora han eludido preguntas sobre los términos recién publicados.
Blanche, quien firmó personalmente el nuevo anexo pero no el acuerdo en sí, dijo durante su testimonio del martes ante el Congreso que el presidente, su familia y sus entidades acordaron no solicitar pagos a través del fondo. No fue interrogado sobre ningún término adicional del acuerdo.
Y el fiscal general adjunto asociado, Stanley Woodward, quien firmó el acuerdo original, dijo que es “demasiado, demasiado, demasiado pronto para apresurarse a emitir un juicio” sobre cómo operará el fondo. Woodward también se comprometió a que “no aprobará ningún acuerdo que involucre a antiguos clientes”, lo que incluye al ex coacusado Walt Nauta y a otros acusados en relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
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