Tras la tragedia del colapso del puente en Baltimore, una madre enfrenta la deportación y su hija el riesgo de otra pérdida
Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español
La fotografía de José Mynor López descansa entre flores y veladoras en un memorial improvisado cerca del Key Bridge, en Baltimore. Desde su muerte, la madre de su hija, Zoila Guerra Sandoval, le ha repetido a la pequeña de siete años que todo estará bien. Pero hay algo que aún no ha podido contarle y espera no tener que hacerlo: la mujer podría ser deportada.
La muerte de López —uno de los seis trabajadores que fallecieron en el trágico colapso del puente en 2024— dejó a su familia en duelo y, para Guerra Sandoval, abrió una nueva incertidumbre: la posibilidad de ser separada de su hija, ciudadana estadounidense.
Su cuerpo fue el último en ser recuperado, el 7 de mayo, poniendo fin a una espera angustiosa de seis semanas de búsqueda dentro de las frías aguas del río Patapsco. López, quien tenía 37 años al momento del accidente, es uno de los seis trabajadores, todos inmigrantes de Honduras, El Salvador, México y Guatemala, que murieron en el colapso del puente. Trabajaban en el turno de noche reparando baches en una vía cuando un barco de carga de más de 96.600 toneladas chocó contra el puente, arrojando a los trabajadores de la construcción al agua.
“Yo le digo que todo va a estar bien”, dijo Guerra Sandoval a la estación local WBAL-TV, afiliada de CNN. “Tengo fe en Dios que todo va a estar bien”, añadió.
Originaria de Guatemala, Guerra Sandoval llegó a Estados Unidos hace casi dos décadas. Desde la muerte de López, su hija ha encontrado consuelo en familiares cercanos, especialmente en un hermano de Guerra Sandoval que ha asumido un rol casi paternal. Aun así, la ausencia del padre es constante.
“Obviamente extraña mucho a su papá, pero se ha vuelto muy cercana a uno de mis hermanos, quien es como un segundo padre para ella. Pero obviamente sabe que su papá no está aquí”, cuenta su madre.
Tras la tragedia, Guerra Sandoval fue invitada por las autoridades federales bajo el Gobierno de Joe Biden a solicitar alivio migratorio por razones humanitarias, incluyendo “parole in place” y acción diferida, dijo su abogada Rachel B. Girod en un correo electrónico enviado a CNN. Según Girod, se le informó que, debido a “la excepcional situación humanitaria del padre de su hija”, sus solicitudes serían aprobadas.
Pero en febrero de 2026, en medio de la ofensiva migratoria del Gobierno de Donald Trump, la oficina de Baltimore del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) rechazó su solicitud de acción diferida, tras determinar que “no merecía la acción diferida”, explicó su abogada.
Dos meses después, la situación se agravó: la misma oficina del USCIS inició formalmente un proceso de deportación en su contra, una decisión que, según su defensa, no era obligatoria. “Digo ‘inició un proceso’ porque no es obligatorio iniciar un proceso de deportación cuando se deniega la acción diferida. Si bien esto está dentro de la autoridad procesal del DHS, también está dentro de su autoridad procesal no intentar deportarla”, detalló Girod.
Cuatro días después de iniciar el proceso de deportación en su contra, también se le negó el “parole in place”, citando precisamente ese proceso como motivo.
La abogada agregó que Guerra Sandoval, quien ha vivido casi 19 años en el país sin antecedentes, fue alentada a salir de las sombras para solicitar ayuda tras una tragedia pública, solo para enfrentar ahora un proceso de deportación.
“En resumen, decidieron que esta mujer, con diecinueve años en Estados Unidos sin un solo antecedente negativo, ahora madre soltera (…), no merecía recibir precisamente aquello que el USCIS le había prometido para brindarle un mínimo de paz”, escribió su abogada en el correo electrónico.
Sobre la situación de Guerra, Zach Kahler, portavoz de USCIS, dijo a CNN que los beneficios migratorios se evalúan caso por caso.
“Aunque cualquier pérdida de vida es trágica, la acción diferida y el ‘parole in place’, como todos los beneficios migratorios, se otorgan de manera individual y conforme a la ley. La carga de la prueba recae completamente en el solicitante, quien debe demostrar que cumple con los requisitos para permanecer legalmente en Estados Unidos”, dijo el portavoz de USCIS.
El caso de Guerra Sandoval no es el único. Según la organización CASA —un grupo sin fines de lucro que defiende los derechos de inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en comunidades latinas— varias familias de las víctimas del colapso del puente Key Bridge también enfrentan procesos de deportación.
“Los familiares de las víctimas del Key Bridge en Baltimore perdieron esposos, padres e hijos en el colapso. El gobierno les prometió seguridad. Prometió que podrían hacer duelo y buscar justicia sin miedo. Ahora la administración Trump está rompiendo esa promesa y tratando de deportarlos. Este es un acto calculado de crueldad”, escribió la organización en una publicación en redes sociales.
Guerra Sandoval tiene programada una audiencia preliminar este verano, donde buscará impugnar su deportación. Su defensa afirma que explorará todas las vías legales disponibles para evitar su salida del país.
Mientras tanto, la vida cotidiana sigue marcada por el duelo. Guerra Sandoval intenta sostener a su hija menor en medio de la incertidumbre, sin añadirle el peso de una posible separación.
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Con información de María Santana, de CNN
