Uno recibió un indulto y el otro fue derrocado: cómo difieren los procesos judiciales de Juan Orlando Hernández y Maduro
Por María Santana, CNN en Español
Dos expresidentes. Dos procesos federales por narcotráfico. Un mismo tribunal en Manhattan. Y una Casa Blanca con posturas contradictorias.
Las causas judiciales en Estados Unidos contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el líder venezolano, Nicolás Maduro, se inscriben en el mismo sistema federal, pero llegaron hasta allí por caminos radicalmente distintos y con implicaciones que van más allá del derecho penal tradicional.
En uno de los casos, el presidente de EE.UU., Donald Trump, borró una condena por narcotráfico con un indulto presidencial. En el otro, su Gobierno impulsó la captura y extracción de Caracas de Maduro, un hecho sin precedentes que fue presentado como una respuesta al narcoterrorismo.
El contraste plantea preguntas más amplias sobre el uso del poder presidencial, la coherencia de la política antidrogas de Estados Unidos y el mensaje que Washington envía a América Latina.
Hernández fue trasladado a Estados Unidos en abril de 2022, mediante un proceso formal de extradición, pocas semanas después de dejar la Presidencia. Fue arrestado por las autoridades hondureñas en su residencia tras una solicitud de extradición de EE.UU. luego de ser acusado en ese país de cargos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas.
En el caso de Maduro, ese esquema se quebró por completo.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras aprobó la extradición y, posteriormente, fue trasladado en un avión oficial a Nueva York, mediante los mecanismos habituales de cooperación judicial internacional.
Según el Gobierno de EE.UU., el mandatario venezolano fue capturado en Caracas durante una operación militar y posteriormente trasladado a Nueva York para enfrentar cargos penales de conspiración para el narcotráfico y la importación de cocaína, y por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. No hubo extradición ni proceso judicial previo en Venezuela.
La operación ahora se ha convertido en uno de los pilares de su defensa. Sus abogados califican lo ocurrido de violación del derecho internacional; Washington lo justifica por razones de seguridad nacional y por acusaciones ya presentadas ante tribunales federales.
Tras su llegada a Estados Unidos, Hernández sostuvo que su caso era una persecución política impulsada por funcionarios del Gobierno del entonces presidente Joe Biden. Negó los cargos y afirmó que fue utilizado como blanco político, un argumento que sus abogados repitieron públicamente a medida que el proceso avanzaba en los tribunales.
Aunque Biden no habló públicamente sobre el arresto ni la extradición de Hernández, su exsecretario de Justicia, Merrick Garland, afirmó en un comunicado que su departamento seguía comprometido a desmantelar por completo las redes de narcotráfico que dañan al pueblo estadounidense, sin importar cuán lejos o cuán alto tenga que llegar.
Maduro fue más lejos.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, Maduro se declaró inocente y afirmó ser un “prisionero de guerra”, asegurando que fue “secuestrado” en su país y que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela.
Con ello, su defensa no solo rechaza la acusación penal, sino que cuestiona la legitimidad misma de la operación que lo llevó ante la justicia estadounidense.
Ambos pasaron por el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn —Maduro sigue allí—, una prisión federal de alta seguridad duramente criticada por sus condiciones.
Varios documentos judiciales y alegatos en audiencias han descrito cortes de electricidad y de calefacción, limitaciones médicas y largos períodos de encierro. Algunos abogados la han calificado como un “infierno en la tierra”.
En los días de audiencias, el protocolo es estándar: en horas de la madrugada, los agentes federales trasladan a los detenidos desde Brooklyn en vehículos blindados sin identificación al Tribunal Federal Thurgood Marshall en el sur de Manhattan.
Los acusados ingresan por accesos restringidos y permanecen en celdas subterráneas hasta ser llevados ante el juez, un protocolo diseñado para reducir riesgos de seguridad y exposición pública.
Para Hernández, estos traslados se volvieron rutinarios durante meses de audiencias en el juicio.
En el caso de Maduro, el proceso es similar, pero con mayor sensibilidad diplomática y medidas de seguridad adicionales. En lugar de cruzar a Manhattan por vía terrestre, fue trasladado a su primera comparecencia en helicóptero, un recurso logístico excepcional en casos federales que subraya la naturaleza extraordinaria del operativo.
Hernández fue condenado en 2024 tras un juicio federal que se extendió durante varias semanas. Un jurado lo declaró culpable de conspirar para importar cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos, además de delitos relacionados con armas de fuego.
La Fiscalía federal sostuvo que utilizó el poder del Estado —policía, fuerzas armadas y estructura política— para proteger a narcotraficantes a cambio de sobornos, facilitando el tráfico de droga hacia territorio estadounidense durante años. Fue sentenciado a 45 años de prisión, una condena que permanecía pendiente de apelación cuando posteriormente recibió el indulto presidencial.
El expediente contra Maduro, sin embargo, es más amplio. Los fiscales de la Corte federal del Distrito Sur de Nueva York lo acusan de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas de guerra.
Según la acusación, Maduro y varios altos funcionarios de su entorno operaron durante años una estructura criminal desde el propio Estado, utilizando recursos públicos, la protección militar y vínculos con organizaciones armadas para facilitar el tráfico de drogas.
El analista legal de CNN, Elie Honig, explicó que esto va más allá del narcotráfico. A diferencia del caso de Juan Orlando Hernández, acusado de proteger y beneficiarse del narcotráfico, el cargo de narcoterrorismo implica que las drogas estuvieron directamente vinculadas a actividades violentas de carácter terrorista, un requisito legal, según Honig, mucho más exigente y excepcional.
Históricamente, Washington ha utilizado cargos de narcoterrorismo principalmente contra miembros de grupos armados no estatales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acusados de financiar actividades terroristas mediante el narcotráfico.
Ambos casos cayeron en el Distrito Sur de Nueva York, una de las fiscalías federales con mayor experiencia en causas internacionales complejas.
En el sistema federal, el debido proceso es el mismo para todos los acusados. Incluye la lectura de cargos, audiencias preliminares, mociones, acceso a las pruebas, derecho a la defensa y, si el caso avanza, un juicio ante un juez o un jurado.
El proceso de Hernández ya concluyó, mientras que el de Maduro se encuentra en su fase inicial.
Las próximas etapas estarán marcadas por disputas legales sobre jurisdicción, la legalidad de su captura y posibles reclamos de inmunidad soberana, antes de que se determine si el caso llegará a juicio.
Lo cierto es que, en cualquier escenario, contará con todas las garantías procesales previstas por la ley.
Donald Trump guardó silencio durante la extradición y el juicio de Hernández, pese a haberlo considerado un aliado regional durante su primer mandato. Solo se pronunció tras la condena, y en diciembre de 2025 le otorgó un indulto total, calificando el proceso como injusto, una decisión que generó críticas y preguntas sobre la consistencia de la política antidrogas de Estados Unidos. Tanto legisladores republicanos como demócratas criticaron el plan de Trump de indultar a Hernández dados los esfuerzos de su administración por frenar el narcotráfico.
Al borrar una de las condenas más emblemáticas contra un exjefe de Estado acusado de colaborar con carteles, Trump alimentó cuestionamientos sobre si la aplicación de la ley responde a criterios judiciales o a afinidades políticas.
Con Maduro, el enfoque fue opuesto: una confrontación pública y sostenida. Trump lo calificó reiteradamente de “dictador”, impuso sanciones severas y presentó su captura como respuesta al narcoterrorismo. Afirmó que Maduro había “envenenado a Estados Unidos” con cocaína y dejó claro que no merecía clemencia, reforzando la dimensión política y excepcional del operativo. Maduro, a su vez, ha rechazado todas estas acusaciones.
La operación para capturar a Maduro, además, resultó en una intervención directa en Venezuela frente a una Honduras que avanzó sin una acción equivalente.
Tras la extradición de Hernández, Estados Unidos continuó trabajando con su sucesora, la presidenta Xiomara Castro, sin intentar controlar Honduras. Trump reapareció políticamente en el país en los días previos y posteriores a su decisión de indultarlo, cuando respaldó al candidato presidencial conservador Tito Asfura.
En Venezuela, en cambio, Trump ha prometido dirigir el país hasta una “transición satisfactoria” y ha hablado abiertamente de sus recursos estratégicos, especialmente el petróleo.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo durante una entrevista con la cadena ABC el domingo que la estrategia de Washington se basa en ejercer presión directa, utilizando su influencia mediante el bloqueo de petroleros, el mantenimiento de sanciones y la presencia militar estadounidense en torno a Venezuela.
Ni Trump ni funcionario alguno de su gobierno aclararon inmediatamente después de la captura de Maduro si el objetivo final era el retorno a la democracia en Venezuela.
En el caso de Hernández, la justicia avanzó primero y la política intervino al final.
En el de Maduro, la política actuó primero y ahora será la justicia la que marque los límites.
Y en el centro de ambos está Donald Trump: un presidente cuyas decisiones marcaron el cierre de un proceso y el inicio del otro, y que sin duda pesarán en su legado y en el futuro de la relación entre Estados Unidos y América Latina.
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