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Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, no podrá salir de España. Así avanzan las investigaciones de corrupción

Por Tim Lister, CNN

“Poderoso caballero es don Dinero”, escribió el poeta español del siglo XVII Francisco de Quevedo.

España ciertamente no es ajena a la corrupción, un fenómeno que ha acabado con numerosas carreras políticas en las últimas décadas.

El más reciente en quedar bajo creciente presión es el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha liderado el país durante casi ocho años y se ha convertido en uno de los pocos líderes europeos que ha criticado de forma persistente y abierta al Gobierno de Trump por temas como Gaza, la guerra con Irán y los aranceles.

Durante el tiempo que Sánchez ha estado en el poder, España se ha convertido en una de las economías más dinámicas de Europa, a pesar de la fragilidad de su coalición de gobierno, que incluye a partidos independentistas catalanes y vascos.

Sánchez y su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llegaron al poder cuando un enorme escándalo de corrupción envolvió al conservador Partido Popular en 2018, lo que provocó que perdiera una moción de censura.

Ahora parecen acumularse nubes similares sobre Sánchez, un hábil político conocido por superar a sus adversarios.

El sábado, un juez español ordenó que su esposa, Begoña Gómez, vaya a juicio por corrupción, exigió que entregara su pasaporte y le prohibió salir del país. Gómez también deberá comparecer ante el tribunal dos veces al mes.

El juez, Juan Carlos Peinado, ya había imputado a Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de fondos, al acusarla de aprovechar su matrimonio para impulsar su carrera en una universidad de Madrid.

Tanto Gómez como Sánchez han negado haber cometido irregularidades. Sánchez ha sostenido en repetidas ocasiones que el caso tiene motivaciones políticas y constituye una “farsa obscena”.

La investigación comenzó en 2024 después de que una organización anticorrupción —Manos Limpias, vinculada a la extrema derecha— presentara una denuncia contra Gómez por presunto tráfico de influencias. En ese momento, Sánchez se apartó de sus funciones públicas durante casi una semana para reflexionar sobre si debía continuar en el cargo.

“Hoy es un día terrible para quienes creemos en la justicia”, escribió en X el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en respuesta a la decisión del juez el sábado. Añadió que “la verdad acabará prevaleciendo”.

Otros comentaristas afirmaron que las exigencias del juez eran excesivas, dado que Gómez cuenta con protección policial que impediría que abandonara el país. El juez incluso sugirió que su escolta podría ayudarla a huir.

Toda la investigación “ha estado marcada por medidas desproporcionadas, una búsqueda constante de la máxima atención mediática y la falta de la imparcialidad y la prudencia que los ciudadanos esperan del sistema judicial”, escribió el diario español El País en un editorial publicado el domingo.

El caso contra Gómez es apenas el más reciente que involucra al entorno cercano de Sánchez.

La sede nacional de su partido, el PSOE, fue registrada por la policía y varios aliados cercanos han sido objeto de investigaciones, entre ellos el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro José Luis Ábalos.

Zapatero figura como investigado en un caso relacionado con delincuencia organizada, tráfico de influencias y falsificación de documentos vinculados a un préstamo concedido a una pequeña aerolínea. Él ha negado haber cometido irregularidades. Sánchez prometió la “plena colaboración” del Gobierno con la justicia, “pleno respeto a la presunción de inocencia del señor Zapatero” y “todo mi apoyo” hacia él.

Ábalos, quien pasó siete meses en prisión preventiva antes de su juicio en abril, está acusado de recibir sobornos relacionados con la compra de mascarillas por valor de US$ 60 millones durante la pandemia de covid-19.

David Sánchez, hermano músico del presidente del Gobierno, está siendo juzgado actualmente en la ciudad de Badajoz, cerca de la frontera con Portugal, acusado de tráfico de influencias por su nombramiento a un cargo hace nueve años.

Sánchez no ha sido señalado en ninguno de los casos, aunque estos han debilitado a su ya frágil coalición minoritaria y el PSOE ha sufrido reveses en varias elecciones regionales.

El registro de la sede del PSOE en Madrid la semana pasada, centrado en el presunto uso indebido de fondos del partido, aumentó aún más la presión sobre él.

El Tribunal Supremo de España dijo que un juez ordenó el registro de la sede del partido como parte de una investigación sobre “una red presuntamente destinada a obstaculizar procedimientos judiciales que afectan al partido o al Gobierno”.

La investigación se centra en determinar si esos fondos fueron utilizados para pagar a un periodista con el fin de desacreditar las denuncias judiciales presentadas contra dirigentes y aliados del partido.

El líder de la principal oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, dijo la semana pasada que el Gobierno estaba en su “agonía final” y exigió la dimisión de Sánchez.

Las próximas elecciones en España deben celebrarse a más tardar en agosto del próximo año, aunque muchos analistas esperan que la coalición colapse antes de esa fecha.

Un pequeño partido vasco integrante de la coalición ya ha puesto en duda su supervivencia, mientras Sánchez insiste en que completará su mandato. A su vez, el partido de izquierda Sumar ha advertido que no tolerará pruebas de un uso ilegal de fondos partidarios.

Las encuestas sugieren que, si hoy se celebraran elecciones, el Partido Popular de Feijóo obtendría la victoria y podría formar una mayoría junto al partido de extrema derecha Vox.

Para Sánchez, el segundo líder con más tiempo en el cargo entre los 27 países de la Unión Europea, la supervivencia política parece ahora más difícil que nunca. Sin embargo, la Constitución española juega a su favor, ya que un presidente del Gobierno solo puede ser reemplazado cuando el Parlamento respalda a una alternativa.

Varios partidos del fragmentado Congreso español no apoyarían a Feijóo, especialmente las fuerzas independentistas, que han mantenido una relación profundamente confrontacional con el Partido Popular.

Pocos apostaban por la reelección de Sánchez en 2023, pero logró mantenerse en el poder gracias a una compleja construcción de alianzas. Su mejor esperanza ahora podría ser resistir la tormenta y confiar en que los fallos judiciales de la acumulación de casos le resulten favorables.

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