Exclusivo: Departamento de Justicia evalúa si presentar cargos contra agente de ICE que disparó a venezolano en Minneapolis
Por Whitney Wild y Robert Kuznia, CNN
El Departamento de Justicia está evaluando si presenta cargos contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) acusado de disparar en la pierna a un inmigrante venezolano este invierno en Minneapolis, según una fuente cercana a las deliberaciones y una portavoz del Departamento de Justicia.
La presentación de cargos federales supondría un paso significativo para la administración Trump, que se ha resistido enérgicamente a los intentos de que los agentes de ICE rindan cuentas por los tiroteos.
El agente en cuestión, Christian Castro, fue detenido en mayo después de que los fiscales estatales de Minnesota presentaran cargos en su contra por agresión y por denunciar falsamente un delito. Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se ha negado a extraditarlo a Minnesota.
La fuente consultada informó a CNN que los fiscales federales podrían proceder con la presentación de cargos tan pronto como este martes. Según una demanda presentada por el fiscal general de Minnesota para solicitar la extradición de Castro, este podría quedar en libertad tras su detención en el condado de Cameron, Texas, tan pronto como el miércoles. Este plazo ajustado presiona tanto a los fiscales federales como a los estatales para mantener a Castro bajo custodia.
Un juez federal de Texas celebró una audiencia este martes para considerar la solicitud de Minnesota de que Abbott envíe a Castro a ese estado para ser procesado. El juez Fernando Rodríguez Jr. escuchó durante más de una hora los argumentos de los abogados de ambos estados y no tomó de inmediato una decisión sobre la extradición, pero dijo que emitiría un fallo antes de que venza el plazo para liberar a Castro.
El límite de 90 días de prisión para las personas que esperan ser extraditadas vence el jueves.
CNN se comunicó con el abogado de Castro para solicitar comentarios.
El Departamento de Justicia dijo a CNN que los fiscales no han decidido si presentarán cargos federales contra Castro. Iniciar un caso federal contra el agente no impediría por sí solo que el proceso de Minnesota avanzara simultáneamente.
“Al igual que en cualquier caso en el que la conducta en cuestión pueda implicar cargos por violación de derechos civiles, las fiscalías federales están obligadas, según la política del Departamento de Justicia, a consultar y colaborar con la División de Derechos Civiles, ya que esta cuenta con los expertos en la materia dentro de esta área del derecho”, escribió Emily Covington, directora de asuntos públicos del Departamento de Justicia, en un correo electrónico. “Cualquier decisión sobre la presentación de cargos derivada de dichas investigaciones es fruto de un proceso colaborativo y deliberativo, y se ajusta a los hechos y a la legislación aplicable al caso y a la controversia en cuestión”.
Covington señaló que funcionarios de la División de Derechos Civiles han mantenido conversaciones con fiscales locales de Minnesota. No está claro qué cargos formulará finalmente el Departamento de Justicia, si es que lo hace. Covington describió estas conversaciones como una parte habitual de cualquier investigación en curso.
Tras el tiroteo ocurrido en enero, el Departamento de Seguridad Nacional presentó cargos contra el hombre herido, Julio Sosa-Celis, y otro individuo implicado.
Semanas más tarde, en un giro inesperado, el Departamento de Justicia presentó una moción para retirar los cargos penales contra ambos hombres. En dicho documento, el Departamento de Justicia señaló que los fiscales federales habían proporcionado información incorrecta al tribunal, mientras que ICE emitió un comunicado admitiendo que sus agentes federales habían hecho “declaraciones falsas” bajo juramento.
Los dos agentes federales implicados han sido suspendidos de sus funciones mientras el Departamento de Justicia investiga sus “declaraciones falsas” —irregularidades que salieron a la luz tras la revisión de pruebas en video—, según declaró anteriormente el director de ICE, Todd Lyons.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional criticaron en mayo los cargos estatales, los calificaron de “maniobra política” y afirmaron que “este es un asunto federal y debe gestionarse a nivel federal”.
El comunicado añadió que “mentir bajo juramento es un delito federal grave” y que los agentes podrían ser despedidos y enfrentar cargos penales.
El incidente del 14 de enero que involucró a Castro ocurrió durante un periodo de gran tensión en Minneapolis, una semana después de que la manifestante Renee Good muriera por disparos de un agente de ICE. El hecho desencadenó un invierno de enfrentamientos violentos entre manifestantes y agentes federales de inmigración. Las tensiones aumentaron más tarde ese mes, cuando el manifestante Alex Pretti murió por disparos de agentes.
El agente de ICE, de 52 años, presuntamente disparó a Sosa-Celis, de 24, por detrás de una pierna a través de la puerta de su apartamento en Minneapolis.
La caótica cadena de acontecimientos comenzó más temprano esa noche, cuando agentes de inmigración intentaron detener un Ford perteneciente a un inmigrante indocumentado llamado Joffre Barrera. Sin embargo, al volante estaba otro hombre, Alfredo Alejandro Aljorna —conductor de DoorDash y primo de Sosa-Celis—, quien huyó y provocó una persecución.
Aljorna, que entonces tenía 26 años, estrelló el automóvil contra un banco de nieve y corrió hacia el complejo de apartamentos cercano donde él y Sosa-Celis viven con sus familias. Los agentes lo perseguían de cerca. Uno de ellos agarró a Aljorna y ambos cayeron al suelo.
De acuerdo con la versión inicial del Gobierno federal sobre el forcejeo posterior, los agentes intentaban detener a Sosa-Celis durante una parada de tráfico cuando este trató de eludir el arresto, chocó contra un automóvil estacionado e intentó huir a pie.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Sosa-Celis y uno de los agentes protagonizaron un “forcejeo en el suelo” antes de que Sosa-Celis “se soltara y comenzara a golpear al agente con una pala o el palo de una escoba”, momento en el que el agente hizo un “disparo defensivo”.
La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió las acciones de los hombres como “un intento de asesinato de agentes federales”.
Sosa-Celis, que entonces tenía 24 años, y su primo Aljorna fueron acusados de agredir a un agente de ICE. Sosa-Celis había ingresado al país en 2023 y Aljorna, en 2021. A ambos se les concedió el Estatus de Protección Temporal en 2024.
El caso del Departamento de Seguridad Nacional se desmoronó en las semanas posteriores al incidente, cuando investigaciones internas, testimonios de testigos y grabaciones de video revelaron que gran parte de la versión original de los hechos presentada por el Gobierno federal no era cierta.
Por ejemplo, el conductor del automóvil era Aljorna, no Sosa-Celis, un hecho que el Departamento de Justicia reconoció desde el principio, aunque mantuvo la versión sobre los ataques con una pala y una escoba. Luego, en febrero, se produjo otro cambio de postura: las autoridades federales retiraron los cargos y señalaron en una moción que los fiscales habían proporcionado información incorrecta al tribunal.
En declaraciones a CNN ese mes, Sosa-Celis y su abogado dijeron que un agente de ICE derribó a Aljorna después de que este huyera del automóvil, a unos 3 metros de la puerta del apartamento. Sosa-Celis había salido y le había dicho que entrara.
Aljorna logró quitarse la chaqueta y liberarse del agente. Ambos hombres entraron al apartamento y cerraron la puerta. Entonces se oyó un disparo.
“Cerré la puerta y, mientras le ponía el seguro, escuché el disparo. Fue entonces cuando me di cuenta de que me habían disparado en la pierna”, dijo Sosa-Celis a CNN durante una transmisión de Facebook Live desde un hospital.
El 18 de mayo, la oficina de la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, tomó la extraordinaria medida de presentar cargos contra el agente de ICE, con el respaldo del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison. Castro fue arrestado más de una semana después en el condado de Cameron, Texas, con la ayuda de los Rangers de Texas y en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal de Minnesota. Permanece encarcelado allí.
Ahora, Ellison y Abbott se enfrentan por la posible entrega de Castro a Minnesota. Ellison demandó a Abbott para exigir la extradición. Abbott respondió el lunes expresando “serias inquietudes” sobre la legalidad de la solicitud de Minnesota y afirmó que duda que Castro sea realmente un fugitivo.
Según el escrito de Abbott, Castro regresó a Texas para cumplir sus obligaciones laborales.
Abbott ha intentado vincular el caso con un punto vulnerable para los demócratas de Minnesota: el fraude generalizado en los servicios sociales del estado, cuyas cifras oscilan entre varios cientos de millones y US$ 9.000 millones. Ese fraude —gestionado en su mayor parte por el estado, pero financiado con fondos federales— llevó a Trump a lanzar en Minnesota la Operación Metro Surge, uno de los mayores operativos de control migratorio de la historia moderna.
Esta historia fue actualizada con información adicional.
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Con información de Amanda Jackson, de CNN.
